NACIONAL. Santo Domingo. Los jueces del Tribunal Constitucional (TC) conocieron ayer diez expedientes de acción directa en inconstitucionalidad, incluyendo una presentada por varias organizaciones que objeta la designación de la doctora Zoila Martínez, Defensora del Pueblo.
El tribunal presidido por el magistrado Milton Ray Guevara, inició la labor a las 9:00 de la mañana en la sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia y luego de escuchar las partes envueltas en el proceso, dejó los expedientes en estado de fallo para darlo a conocer en un plazo de cuatro meses como establece la Ley.
Entre los expedientes que fueron conocidos se encuentra el número 20-130049 que tuvo como accionantes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Asociación de Mujeres por la Comunidad; la Fundación Hermanos Ortiz y Parientes; Junta Popular de Organizaciones Barriales y Comunitarias; Comunidad de Integración Participativa y la Federación Nacional de Trabajadores de las Ventas, Comercio, Zonas Francas y Afines.
Con la acción se objeta la resolución 00946 del nueve de abril del 2013 y la resolución e iniciativa 1460 del 2013, de fecha 15 de mayo de ese año, en la cual se designa a Zoila Martínez, Defensora del Pueblo, por ante de las Cámaras de Senado y de Diputados.
Asimismo también se conoció el expediente 1-20130050, cuyo accionante fue la Asociación de Comerciantes de Bebidas Gaseosas, que objetó el artículo 2de la Ley 2801 sobre Desarrollo Fronterizo, aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados.
En este caso, actuó como interviniente Everlast Doors.
Igualmente, el tribunal conoció un recurso de inconstitucionalidad presentado por Víctor Javier Feliz y Víctor Batista Merán, quienes objetaron el cobro de 500 pesos por la certificación de acta policial, cobrados por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET).
